¿Qué cambió entre el “No se puede” y el “Siempre Si”?

La historia de las transmisiones en Plaza Grande dejó de ser un tema deportivo para convertirse en un asunto de transparencia. Primero, el Ayuntamiento de Mérida explicó que no proyectaría los partidos de la Selección Mexicana porque los derechos de transmisión resultaban demasiado costosos. En la Semanera del lunes 29 de junio, la propia administración informó que una empresa privada instalará pantallas para que la afición pueda seguir los encuentros.

El cambio de decisión abre una serie de preguntas que la ciudadanía tiene derecho a conocer. ¿Qué ocurrió entre ambos anuncios? ¿Las conversaciones con la empresa comenzaron después del primer posicionamiento o ya existían? ¿Quién cubrirá los derechos de transmisión? ¿Quién pagará la instalación de las pantallas? ¿Quién asumirá los costos de seguridad, Protección Civil, limpieza y logística durante cada evento?

También queda pendiente la parte administrativa. La Plaza Grande es un espacio público y su utilización para una activación de este tipo implica permisos, responsabilidades y, en su caso, convenios que deberían ser públicos. La transparencia no consiste únicamente en anunciar que habrá pantallas; también implica explicar bajo qué condiciones se autorizó el uso del espacio y cuál será la participación del Ayuntamiento.

Otro aspecto que merece claridad son los antecedentes de esta colaboración. La empresa que realizará la activación ha mantenido una relación constante con la administración municipal al participar durante años en eventos masivos como el Carnaval de Mérida. Precisamente por ello resulta pertinente conocer bajo qué esquema fue seleccionada para esta nueva intervención, si existe un convenio formal, cuáles fueron los criterios para autorizar el uso de la Plaza Grande y si cualquier otra empresa habría podido acceder a las mismas condiciones.

Más allá de que los partidos puedan verse en Plaza Grande, lo relevante ahora es entender cómo se tomó esta decisión, qué responsabilidades tendrá cada participante y garantizar transparencia sobre los costos y alcances del acuerdo, porque nada en esta vida es gratis. La ciudadanía tiene derecho a conocer si existe un convenio, qué compromisos asumió cada parte y que toda la documentación relacionada con esta colaboración esté disponible para consulta pública.