El Gobierno va por la mafia inmobiliaria que operó durante años
El despojo de terrenos ha sido una de las principales preocupaciones para muchas familias de Celestún. Vecinos del puerto han denunciado de forma recurrente invasiones de predios, conflictos por la posesión de la tierra y grupos que, aseguran, aprovechaban vacíos legales y cambios de administración para intentar apropiarse ilegalmente de propiedades de alto valor.
En ese contexto, la Fiscalía General del Estado dio un paso importante al formular imputación contra Cayetano del Carmen C.M., Lainer Marvin C.Ch. y Luis Adrián Ch. Ch., señalados por el presunto delito de despojo de un inmueble. De acuerdo con la investigación, los imputados habrían ingresado sin autorización a un tablaje rústico e impedido posteriormente el acceso a sus legítimos propietarios. Mientras se resuelve su situación jurídica, los tres permanecerán en prisión preventiva justificada por determinación de la autoridad judicial.
Para los habitantes del puerto, este caso representa mucho más que un conflicto entre particulares. Durante años se ha señalado la existencia de una presunta mafia inmobiliaria que operaba mediante invasiones, disputas por la posesión de terrenos y maniobras para apropiarse de predios de alta plusvalía. La percepción entre vecinos es que estas prácticas lograron mantenerse a lo largo de distintas administraciones municipales, alimentando un clima de incertidumbre para quienes buscaban proteger su patrimonio.
Las acciones emprendidas por la Fiscalía reflejan una decisión del Gobierno del Estado de enfrentar un problema que durante mucho tiempo fue denunciado por la comunidad. La protección del patrimonio de las familias deja de limitarse a las denuncias y comienza a traducirse en investigaciones, detenciones y medidas cautelares contra quienes presuntamente participan en este tipo de conductas.
La audiencia para resolver la vinculación a proceso fue diferida al 28 de junio, luego de que la defensa solicitó la duplicidad del plazo constitucional. Será el Poder Judicial quien determine la responsabilidad penal de los imputados. Sin embargo, las detenciones ya envían una señal clara de que el combate al despojo de tierras forma parte de una estrategia para recuperar la certeza jurídica y salvaguardar el patrimonio de los celestunenses frente a un problema que, según los propios habitantes, se había vuelto recurrente.
