CANACO habla de permisos, pero no de las Dunas

Tras la aparente clausura del proyecto Las Dunas en Chuburná Puerto, el presidente de la Canaco Mérida, Enrique Molina, afirmó que el desarrollo debe continuar si cumple con la legislación y cuenta con los permisos correspondientes. También sostuvo que la aplicación de la ley no debe responder a la presión social, sino al cumplimiento de la normatividad.

Su postura abre un debate que va más allá de la legalidad de un expediente. En ningún momento de su declaración hay una referencia al valor ecológico de las dunas costeras, a los servicios ambientales que prestan, a su papel frente a la erosión o al impacto que un desarrollo de esta magnitud puede tener sobre un ecosistema considerado estratégico para la costa yucateca.

Nadie plantea que una obra deba detenerse únicamente porque exista una protesta. Pero tampoco puede ignorarse que la movilización ciudadana, las más de 61 mil firmas reunidas hasta ahora y la intervención de las autoridades ambientales evidencian que el caso dejó de ser un simple trámite administrativo. Hoy el debate también gira en torno a la calidad de las decisiones públicas, la protección del patrimonio natural y la capacidad de las instituciones para revisar sus propios actos cuando existe un amplio cuestionamiento social.

La discusión ya no enfrenta únicamente a quienes defienden la inversión y a quienes buscan conservar las dunas. La pregunta de fondo es otra: ¿basta con tener permisos cuando la sociedad cuestiona si esos permisos fueron suficientes para proteger un ecosistema tan frágil?

¿Las cámaras empresariales también deberían incorporar la protección ambiental como parte de su defensa del desarrollo económico? Te leemos.