Más del 90% de los ocupantes no serían yucatecos o ya tendrían vivienda

La recuperación del predio de San José Tecoh abrió un debate que va más allá del desalojo. También puso sobre la mesa el papel del Estado en la protección del patrimonio público y la certeza jurídica de todos.

De acuerdo con la información oficial, el inmueble pertenece al IVEY y fue recuperado como parte de una investigación por el presunto delito de despojo. A ello se suma otro dato que modifica la discusión: más del 90 % de quienes ocupaban el predio serían originarios de otras entidades federativas y/o ya contarían con una vivienda.

Si esa información se confirma plenamente, la pregunta deja de ser únicamente quién fue desalojado. También obliga a reflexionar sobre a quién deben destinarse los bienes públicos y los programas de vivienda del Estado: ¿a quienes cumplen los mecanismos legales de acceso o a quienes ocupan terrenos por la vía de los hechos?

La certeza jurídica también protege a quienes esperan una oportunidad dentro de la ley.

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