CECILIA PIDE DENUNCIAR, PERO EVITA EXPLICAR AÑOS DE RELACIÓN CON LA CONCORDIA

Cecilia Patrón intenta colocar el caso La Concordia fuera del Ayuntamiento: pide a los comerciantes acudir a la Fiscalía, recuerda que los cobros oficiales pasan por Tesorería y asegura que no permitirá chantajes. El problema es que La Concordia no apareció ayer ni era una agrupación desconocida para el municipio. Desde hace años ha participado en mesas de trabajo sobre comercio y mercados, y todavía en 2026 su dirigencia mantenía interlocución y acuerdos con la autoridad municipal.

Hoy existen denuncias formales por presuntos cobros semanales, amenazas y posibles represalias contra vendedores de Ciudad Caucel. Eso obliga a revisar algo más profundo que la conducta de particulares: qué sabía el Ayuntamiento, desde cuándo lo sabía y cómo permitió que una organización privada adquiriera semejante peso alrededor de comerciantes cuyo derecho a trabajar depende de permisos e inspecciones municipales.

Mandar a las víctimas a denunciar tampoco resuelve el problema político. Si comerciantes aseguran que dejar de pagar puede traerles reportes, presiones o dificultades para instalarse, el municipio debe explicar qué protección ofrece a quienes decidan señalar a quienes los cobran y qué funcionarios serán investigados para descartar cualquier conexión con esas prácticas.

La respuesta de Cecilia construye distancia entre el Ayuntamiento y La Concordia antes de explicar la relación histórica que ambas estructuras han mantenido. No basta con decir “denuncien”. Hace falta saber quién permitió que estos cobros crecieran alrededor de actividades reguladas por el propio municipio y por qué nadie los detuvo antes de que estallaran públicamente.

¿Cecilia va a investigar solamente a quienes cobran o también a quienes, desde la estructura municipal, pudieron conocer, tolerar o facilitar durante años esa operación?