PONER CÁMARAS A INSPECTORES NO EXPLICA LOS COBROS PARALELOS

Cecilia Patrón respondió al escándalo de La Concordia colocando cámaras corporales y geolocalización a inspectores de Mercados. La medida puede registrar sus actuaciones de ahora en adelante, pero no responde al problema central: los cobros paralelos denunciados por comerciantes alrededor de espacios regulados por el propio Ayuntamiento.

La diferencia es enorme. El municipio sostiene que el cobro oficial en los tianguis es de 2.50 pesos por metro cuadrado, mientras comerciantes de Ciudad Caucel denuncian cuotas privadas de entre 250 y 500 pesos semanales. En esa zona se ha hablado de alrededor de 400 vendedores, mientras La Concordia ha asegurado representar aproximadamente a 1,550 comerciantes en Mérida.

Una cámara puede registrar qué hace un inspector durante una visita. No explica quién recibía las cuotas, cuánto dinero circuló, quién administraba esos cobros, quién presionaba a los vendedores ni cómo pudo mantenerse durante años una estructura privada alrededor de actividades vigiladas por el municipio.

La Concordia tampoco apareció ayer. Durante distintas administraciones municipales ha participado en negociaciones, reubicaciones y acuerdos relacionados con comerciantes ambulantes. En 2020 se hablaba de 270 espacios vinculados con integrantes de la organización y todavía este año su dirigencia reclamaba al Ayuntamiento acuerdos relacionados con reubicaciones.

Equipar a unos 60 inspectores puede servir como mecanismo de supervisión futura. El expediente de La Concordia exige otra cosa: seguir el dinero y revisar la relación histórica entre la agrupación y las estructuras municipales que controlan permisos, inspecciones y espacios de comercio.

Las cámaras podrán mostrar qué sucede mañana. Lo que Cecilia todavía tiene que explicar es cómo pudieron coexistir durante años el cobro oficial del Ayuntamiento y otro cobro señalado por los propios vendedores.