SACAR AL FUNCIONARIO NO CIERRA EL CASO

El Ayuntamiento de Mérida separó a un subdirector de Catastro después de que su propia Contraloría detectara elementos de una posible falta grave por presuntos cobros para agilizar trámites. La reacción administrativa existe; lo que sigue faltando es la explicación completa: cuántas denuncias hay, qué montos se habrían pedido, desde cuándo, qué trámites fueron afectados y qué controles fallaron.

Por eso resulta apresurado presentar el episodio como una conducta estrictamente individual. Puede terminar siéndolo, pero primero hay que demostrarlo. Si un funcionario tenía margen para condicionar o acelerar expedientes a cambio de dinero, la investigación debe revisar tiempos de respuesta, trazabilidad, supervisión y responsabilidades dentro del propio Catastro.

Las acusaciones posteriores de Efraín Rivero contra otras funcionarias no están corroboradas y deben investigarse por separado. Pero tampoco borran el dato central: el problema que provocó su salida no nació de una pelea interna; fue detectado por la Contraloría Municipal.

Hasta ahora Cecilia Patrón ha informado de la separación del funcionario, pero no del alcance del caso. Faltan los datos que permitan saber si hubo más ciudadanos afectados, cuánto dinero estuvo involucrado, durante cuánto tiempo operó la irregularidad y qué controles internos permitieron que ocurriera. Ahí empieza la rendición de cuentas que Catastro todavía debe.