LA CONCORDIA: ¿POR QUÉ EL AYUNTAMIENTO PIDE DENUNCIAR Y NO ACTÚA PRIMERO?

Cecilia Patrón ha insistido en que los comerciantes afectados por presuntos cobros de La Concordia acudan a denunciar. La petición parece sencilla, pero deja fuera una parte central del problema: el Ayuntamiento también tiene facultades, información y responsabilidades sobre los espacios donde trabajan esos vendedores.

Los permisos, inspecciones, sanciones y uso de la vía pública dependen del municipio. Si dentro de ese mismo sistema aparecen señalamientos de cobros privados, amenazas o represalias contra quienes se niegan a pagar, la autoridad municipal no tendría que limitar su papel a esperar que cada víctima llegue por su cuenta a la Fiscalía.

La extorsión puede investigarse de oficio y, si servidores públicos conocen hechos posiblemente delictivos, corresponde poner esa información en manos del Ministerio Público. El Ayuntamiento también puede revisar expedientes, actuaciones de inspectores, permisos, antecedentes administrativos y posibles irregularidades dentro de su propia estructura.

Ahí aparece la pregunta que la administración de Cecilia Patrón todavía debe responder: ¿qué denunció institucionalmente el municipio y qué investigaciones abrió por cuenta propia después de conocer públicamente estos señalamientos?

Para un comerciante, denunciar significa regresar al día siguiente al mismo puesto y al mismo entorno donde asegura haber sufrido presiones. Trasladarle toda la responsabilidad supone colocar el riesgo sobre quien denuncia, mientras la autoridad conserva herramientas para revisar lo ocurrido desde su propia estructura.

La discusión sobre La Concordia ya no puede reducirse a preguntar quién se atrevió a denunciar. También debe conocerse qué hizo el Ayuntamiento con la información, los controles y las facultades que ya tenía.