¿Romperá Álvaro Cetina el silencio ante el caso Miguel Ángel Gutiérrez Solís?
Daniela L. perdió la vida en las costas de Progreso. Una familia quedó destrozada y una comunidad volvió a poner sobre la mesa un reclamo que lleva años repitiéndose: embarcaciones recreativas navegando con exceso de confianza, presunto consumo de alcohol y una sensación de impunidad que muchos pescadores y habitantes del puerto denuncian desde hace tiempo.
Mientras la Fiscalía integra la investigación, diversos medios locales han difundido versiones que ubican a Miguel Ángel Gutiérrez Solís a bordo de la embarcación El Negrillo e incluso lo señalan como presunto conductor. Será la autoridad quien confirme o descarte esa información. Lo que ya nadie puede ignorar es el peso político que el caso ha comenzado a adquirir.
Miguel Ángel Gutiérrez Solís mantiene cercanía con el entorno que ha concentrado el liderazgo del PAN en Yucatán durante los últimos años. Esa circunstancia no lo hace responsable de un delito, pero sí eleva la exigencia de una investigación impecable. Cuando un caso toca a personas vinculadas al poder político, la transparencia deja de ser una obligación administrativa para convertirse en una condición indispensable de credibilidad.
El accidente ya cobró una vida. Lo siguiente que está en juego es la confianza de los ciudadanos. Si la investigación avanza con transparencia, el PAN podrá sostener que las instituciones hicieron su trabajo. Si aparecen privilegios, retrasos, omisiones o silencios difíciles de explicar, el caso dejará de ser únicamente una tragedia para convertirse también en un problema político.
Ahí también entra Álvaro Cetina. Su voz suele escucharse con rapidez cuando exige responsabilidades al gobierno o cuestiona a sus adversarios. Hoy, cuando las versiones alcanzan a una persona cercana al entorno de su partido, la congruencia también se pone a prueba. Guardar silencio ya es una decisión política. Si el PAN quiere sostener la autoridad moral con la que reclama transparencia a otros, éste es el momento de demostrar que ese principio también aplica cuando el escrutinio alcanza a los suyos.
La justicia no distingue entre apellidos, relaciones políticas o poder económico. La sociedad tampoco debería hacerlo.
